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Crece la indignación por el asesinato de periodistas en México; suman más de 80 y la mayoría siguen impunes
Miguel Angel Ramírez
En la sociedad y entre los periodistas de nuestro país y del extranjero crece la indignación y consternación por el cobarde asesinato de Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión de la Tarde en Durango y corresponsal de Milenio Diario.
Aunque la Procuraduría General de la República atrajo la investigación de este homicidio, entre los comunicadores existe preocupación y escepticismo de que este crimen quedará impune como otros 80 casos más que han ocurrido a lo largo y ancho del país en sólo 26 años.
Menos de la mitad de los asesinatos se han presentado en los gobiernos priistas de Miguel De la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo; el resto, es decir, la mayor parte, en los gobiernos panistas de Vicente Fox y lo que va de Felipe calderón, según ha documentado el Club Primera Plana, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).
¡Ya basta! ¿Cuántos reporteros más deben ser sacrificados para que el gobierno tome con seriedad este problema y busque una real solución? ¿Hasta cuándo México contará con leyes y autoridades que protejan realmente la libertad de expresión, de prensa y el ejercicio profesional del periodista? ¿Cuántos comunicadores más deben morir para que el gobierno haga justicia?
El Club Primera Plana (CPP), la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), la Sociedad Interamericana de Periodistas (SIP), el Club de Periodistas de México (CPM), Reporteros sin Fronteras (RSF), entre otras organizaciones nacionales e internacionales, han condenado este asesinato y piden al presidente Felipe Calderón su intervención para que de inmediato las autoridades competentes hagan la investigación necesaria con el fin de encontrar y castigar conforme a derecho a los responsables de este crimen y de otros 80 que han ocurrido en casi tres décadas atrás.
También se han sumado a la consternación la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y las comisiones de defensa de la Libertad de Expresión y de los Periodistas del Senado de la República y la Cámara de Diputados.
En la octava entrega del Premio Nacional de Periodismo fue unánime el repudio a la muerte de los periodistas por informar con la verdad. Denisse Dresser, presidenta del jurado, recordó que la misión de los medios en una sociedad democrática es decir la verdad y avergonzar al diablo. “Ser sensor implacable del poder porque esa es la única manera de democratizar su ejercicio (...) a quienes honramos esta noche avergüenzan al diablo con su trabajo”.
Y dijo que ese diablo es la impunidad, la corrupción, la complicidad, la desidia en el país donde no pasa nada, “donde hay muchos escándalos pero muy pocas acciones, donde siempre hay corruptos señalados pero nunca corruptos encarcelados, y donde todo esto es normal”.
En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la politóloga coincidió con la Organización de Naciones Unidas y criticó que México sea unos de los 15 países más peligrosos para ejercer el periodismo, y lo comparó con Irak, Rusia, Colombia, Bosnia y Ruanda, entre otros.
José Morales Orozco, presidente del Consejo Directivo del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, exigió que cesen los ataques a los periodistas y se castigue a los culpables. El también rector de la Universidad Iberoamericana dijo que “basta ya de impunidad”. En el discurso de apertura de la ceremonia, exhortó a levantar la voz contra quienes quieren acallar a los periodistas.
Así, las leyes e instituciones creadas en respuesta a la inseguridad que padece el sector no están diseñadas para prevenir asesinatos, secuestros e intimidaciones, sino para perseguir los delitos ya cometidos. Con un índice de impunidad superior a 95 por ciento, de acuerdo con la Felap, la “federalización” de los crímenes contra informadores y la creación de comisiones o fiscalías para combatirlos no inhiben a los agresores.
En todo caso, esas instituciones carecen de la credibilidad necesaria para funcionar, tal es el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular Octavio Alberto Orellana Wiarco, nada ha podido hacer, y no sólo eso, muchos periodistas ni lo conocen.
El éxito en la lucha contra la delincuencia organizada depende, y mucho, del periodismo. A través de él los criminales son señalados y aislados del resto de la sociedad. El propio gobierno lo ha dicho: la delincuencia organizada necesita de cobijo social para operar. Pero no se puede pedir a los medios de comunicación que, con sus propios recursos, se protejan de todas las balas mientras alertan a la ciudadanía.
Como tanto han insistido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, los comunicadores son esenciales para que las propias autoridades puedan actuar contra la delincuencia y conocer los actos de corrupción. No hay que olvidar que proteger al periodista beneficia a la democracia, la libertad de expresión, de prensa y al país en su conjunto.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó al gobierno mexicano a implementar medidas preventivas y de protección para que cesen las agresiones contra periodistas y se erradique la impunidad. “Sólo mediante un efectivo combate a la impunidad se evitará la repetición de ataques en contra de periodistas, incompatibles con una sociedad garante de los derechos a la libertad de expresión y prensa”, indicó en un comunicado.
Lamentó la muerte del reportero Eliseo Barrón y criticó que continúen los actos de hostigamiento y amenazas de muerte a periodistas, como las que ha recibido la también escritora Lydia Cacho.
Barrón Hernández, quien cubría la fuente policiaca del periódico Milenio-La Opinión de la Tarde en Durango, fue levantado en su propia casa la noche del lunes 25 de mayo por un comando de ocho sujetos con el rostro cubierto. Su cuerpo fue hallado un día después en el ejido de Eureka, con varios disparos de arma de fuego.
Es el segundo reportero ejecutado en Durango en menos de un mes. El 3 de mayo otro comando armado mató a Carlos Ortega, quien trabajaba para el periódico El Tiempo.
“A estos repudiables hechos se suman el hostigamiento y amenazas de muerte que según la información obtenida por la Oficina ha recibido en los últimos días la periodista y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho. La periodista reportó la presencia de un hombre armado fotografiando y rondando su domicilio, y amenazas de muerte que desde los primeros días de febrero ha recibido en su blog”, señaló.
Por ello, la OACNUDH llamó a las instituciones para que esclarezcan los hechos de manera rápida, diligente y eficaz a fin de que los responsables sean juzgados y sancionados. Alertó que los asesinatos y el hostigamiento a los periodistas es “altamente preocupante” por el entorno en que se producen.
Refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sostenido que el periodismo en México se ha convertido en una profesión de “alto” y “extremo” riesgo.
“Dichas medidas deben atender los compromisos internacionales adoptados por México, como aquellos derivados del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que fue sometido México en febrero del año en curso”, indicó la OACNUDH.
ASTILLAS
CDHDF APOYA A PERIODISTAS. Preocupado por los asesinatos de periodistas en el país y a propuesta del Club Primera Plana, Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aceptó apoyar a los comunicadores sociales -- ante las instancias oficiales correspondientes del país e internacionales-- en la investigación a fondo de cada uno de los homicidios y desapariciones forzadas, en la defensa de la libertad de expresión y de prensa y en la protección de los derechos humanos de los periodistas. El ombudsman capitalino asistió a una comida que le ofreció el Club Primera Plana, en sus instalaciones ubicadas en Humbold No. 5, colonia Tabacalera, y al término del convivio fue entrevistado por los socios de esta agrupación. Ahí pidió la solidaridad del gremio periodístico y unidos exigir a la PGR el esclarecimiento de los asesinatos y agresiones a periodistas. Es tiempo de pedir cuentas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, indicó. Para formalizar este apoyo a los periodistas se acordó que en las próximas semanas la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Club Primera Plana, que preside Raúl Gómez Espinosa, suscribirán un convenio de colaboración, al cual se pueden sumar la Felap, la Fapermex y otras organizaciones hermanas nacionales y locales que así lo deseen.
VIERNES 29 DE MAYO DE 2009