Menú Principal:
Colaboraciones > Opinion > Semana Chilena
La Cuadratura del Círculo
¿Y AHORA QUIEN PODRA SALVARNOS..? ,
por RAUL DURAN CARDENAS
Ante la mirada estupefacta de Manuel Crecencio Rejón y de Ignacio Luis Vallarta, once señores togados reconocieron su incapacidad jurídica e incompetencia constitucional. Ellos, los ministros de la pomposa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es mucho mas vieja que la Revolución Mexicana cubrieron así, con un manto impune, a los autores de la muerte de 49 niños y lesiones graves a un centenar más. Ellos, que cobran sueldos superiores a los 200 mil pesos mensuales (más que los emolumentos asignados a Margaret Thatcher en su tiempo) se lavaron las manos como aquel procurador romano de Judea, y aquí no ha pasado nada.
Así, la pomposa Suprema Corte deja con un palmo de narices a padres y madres desesperadas y a todos los mexicanos que creyeron que al fin se iba a hacer justicia en el drama ocurrido el año pasado en una guardería infantil de Hermosillo.
Así, la pomposa Suprema Corte ingresa al círculo de la incredulidad nacional donde compiten por el mejor lugar los también poderes Ejecutivo y Legistavo.
El no fallo permitirá que ya no se moleste al respecto a Juan Molinar Horcacitas, secretario de Comunicaciones y Transportes y ex del Seguro Social; al mandamás actual de esta intitución, Daniel Karam y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours. Cada uno de estos personajes, dentro de su esfera de acción, estuvo ligado a la desgracia sonorense por permitir la operación de la guardería al margen de los ordenamientos oficiales por el otorgamiento irregular de concesiones y nula vigilancia de los locales respectivos favoreciendo así a particulares en un negocio de muchos, pero muchos, millones de pesos.
Al caer así el conocido último baluarte de la justicia se abre la puerta a la impunidad, esa gran desgracia mexicana que permitirá a cualquiera hacer y deshacer sin ninguna cortapisa.
La impunidad, pues, es el privilegio de la gente del poder y del dinero.
Eso es lo que está sucediendo en la guerra del gobierno contra la delincuencia organizada. La impunidad ha impedido que sean llevados a juicio o se encuentren tras las rejas los grandes capos al contar con la custodia y el apoyo de los encargados de combatirlos. Para nadie es desconocido que muchos maleantes cuentan con los servicios de judiciales y uniformados de los tres niveles y habitan plácidamente mansiones principescas. De otra manera nadie se explica como no han sido detenidos.
Desde luego, en este caso en concreto, se sabe que las gratificaciones que corren por las oficinas gubernamentales, al interior de las corporaciones policiacas y en las mismas prisiones de toda nuestra geografía, asciende a millones de dólares.
La militarización de esta lucha lo único que está dejando es mayor número de civiles muertos, pero esos son daños colaterales como calificó Felipe Calderón.
La pomposa Suprema Corte ha dado un mal ejemplo al prácticamente exonerar a los funcionarios involucrados en la tragedia. Sabedora de sus limitaciones legales los ministros hubieran ordenado la apertura de los expedientes para castigar a los culpables, máxime si se sabe que el incendio que arrasó con la guardería fue premeditado; sin embargo alguien tuvo que dar la orden para que se quemaran papeles sin los cuidados debidos y alguien prender el fuego.
Cierto es que en ellos recae la cuplabilidad directa pero, viéndolo objetivamente, ellos, los que iniciaron el fuego, recibían órdenes. Es aquí donde se conjugan todas las irregularidades a nivel federal y estatal.
Y como siempre ocurrre, esas autoridades del Seguro Social que firmaron los permisos respectivos empiezan a tapar el pozo cuando se ha ahogado el niño.